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Dra. Alejandra Cantos Molina |
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Un exilio injusto |
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Alejandra Cantos Molina Al Pais
Hace nueve años, con la creación de la AGD, la historia económica, financiera y política del Ecuador se fragmentó. Fue la oportunidad para cargar al Estado con el peso de la ilegalidad y la corrupción concentrada en la vinculación de la banca quebrada con las finanzas y la economía nacional.
Acepté, en abril de 2005, luego del profundo debilitamiento de la democracia ecuatoriana que culminó con la caída del exPresidente Gutiérrez, el reto de administrar la Agencia de Garantía de Depósitos – AGD y poner término a esta nefasta historia. El compromiso que asumí al posesionarme fue el de enrumbar un cierre ordenado e irreversible de la institución, actuando de modo tal que el cerco de la impunidad se elimine.
La labor técnica y ajustada en derecho que, con ética y estricta protección a los intereses nacionales llevé adelante al frente de la AGD, llevaron a la institución a culminar el pago de los depósitos garantizados a la totalidad de acreedores primarios; a iniciar la conciliación de cuentas con las instituciones del Estado (Banco Central, Corporación Financiera Nacional y Ministerio de Economía y Finanzas); a solicitar la liquidación de tres Instituciones Financieras en saneamiento como primer paso decisivo en el proceso de cierre institucional; a evitar la reacumulación de capitales y el pedido del vuelto de los grupos bancarios que desfalcaron la economía nacional mediante un proceso coactivo sostenido y de investigación jurídica que evidenció los actos fraudulentos de la banca quebrada en el periodo 97-99.
Sabíamos los riesgos de nuestra misión. Y porque éramos plenamente conscientes de ello, no descansamos hasta el último día de la administración en avanzar en el cierre transparentando los mecanismos fraudulentos mediante los cuáles el Estado ecuatoriano y sus ciudadanos(as) tuvieron que soportar un hueco patrimonial de 8.003 millones de dólares.
Desde noviembre de 2005 enfrentamos la persecución del grupo Peñafiel mediante una infundada demanda por supuesto peculado. Mentira. La Ley General del Sistema Financiero mediante su Art. 216 nos facultaba y obligaba a aplicar las deudas a los reales beneficiarios del dinero. No hubo peculado; no hubo error legal ni administrativo. Los grupos bancarios involucrados en la nefasta historia de la banca ecuatoriana entendieron que no daríamos un paso atrás en dilucidar los delitos que ellos cometieron. El auto de llamamiento a juicio plenario por un delito no cometido, intenta frenar el cierre de la AGD y consumar la impunidad del delito único que existió y que fue cometido por los administradores de Banco de Préstamos en 1997. No me extraña que la fiscalía guarde silencio sobre este delito que prescribirá en diciembre de este año.
Pese al momento que vivo y que atraviesa nuestro país, tengo la absoluta convicción de que el compromiso que yo asumí será emulado por otro(a) ciudadano(a). Seguiré también convencida acerca de que ningún país puede sobrevivir ni levantar un pacto político institucional soberano y ético si no rompe las cadenas que lo someten. Nací Alejandra Cantos Molina, ciudadana común, así he vivido y he trabajado y moriré siendo lo que soy.
Alejandra Cantos Molina |
